

Comunidades que construyen territorio
60 proyectos comunales comienzan a transformar regiones de Colombia
Por Panal Medios
Red de medios alternativos y comunitarios
Marzo 2026
En Colombia, donde la organización comunitaria ha sido históricamente uno de los pilares de la vida social en barrios, veredas y municipios, las Juntas de Acción Comunal continúan demostrando que la participación ciudadana no es solo un principio constitucional, sino una práctica cotidiana de construcción colectiva. En esa dirección, el Ministerio del Interior anunció el inicio de la ejecución de 60 proyectos comunitarios que hacen parte del Banco de Proyectos Comunales – Fase III, una estrategia que busca fortalecer el liderazgo territorial y apoyar soluciones construidas desde las propias comunidades.
La iniciativa cuenta con una inversión de 2.210 millones de pesos y beneficiará a 39 municipios en 18 departamentos del país, con el acompañamiento técnico de Findeter, entidad que actúa como banca de desarrollo para apoyar proyectos regionales. Más que una cifra presupuestal, el programa representa una apuesta por reconocer el papel de las organizaciones comunales como actores fundamentales en el desarrollo local y en la consolidación de la democracia participativa.
Las Juntas de Acción Comunal han sido, durante décadas, una de las estructuras organizativas más extendidas en el territorio colombiano. Desde pequeñas veredas hasta barrios populares de las grandes ciudades, estas organizaciones han permitido que las comunidades gestionen proyectos colectivos, defiendan intereses comunes y generen soluciones frente a necesidades locales.
En el marco de esta nueva fase del Banco de Proyectos Comunales, el viceministro general del Interior, Jaime Berdugo, resaltó que el fortalecimiento de estas organizaciones es clave para construir territorios más participativos.
Según explicó el funcionario, cuando una Junta de Acción Comunal resulta beneficiada con este tipo de iniciativas no solo se materializa una obra o un programa comunitario. También se fortalece la participación ciudadana, entendida como la base de una democracia que se construye desde lo local.
“Cuando una Junta de Acción Comunal resulta beneficiada, se fortalece la participación ciudadana como base de nuestra democracia. Estos proyectos permiten que las comunidades tengan incidencia en las decisiones que impactan su entorno y que la inversión pública responda a sus prioridades”, señaló.
La estrategia parte de un principio sencillo pero profundo: las comunidades conocen mejor que nadie sus necesidades y también sus potencialidades. Por eso, los proyectos no son diseñados exclusivamente desde las instituciones, sino formulados por las propias organizaciones comunales mediante procesos de diagnóstico participativo.
El Banco de Proyectos Comunales contempla cinco líneas de financiación que buscan responder a diversas necesidades de las organizaciones de base. Los recursos asignados a cada iniciativa oscilan entre 25 y 80 millones de pesos, dependiendo del tipo de proyecto y su alcance.
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Mantenimiento, mejora o adecuación de recintos comunales, espacios que funcionan como centros de reunión, formación y encuentro para las comunidades.
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Reconstrucción de la memoria y la cultura comunal, orientada a rescatar procesos históricos, saberes colectivos y experiencias organizativas.
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Soberanía alimentaria y fortalecimiento de unidades productivas, que incluye apoyo a mercados campesinos y ferias populares.
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Dotaciones para el fortalecimiento organizativo, que facilitan herramientas para mejorar la gestión comunitaria.
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Mitigación del riesgo de desastres, cambio climático y conservación ambiental.
Dentro de los 60 proyectos seleccionados, la mayor parte corresponde a iniciativas de dotación para organizaciones comunales (24 proyectos) y a acciones relacionadas con la mitigación de riesgos ambientales (19 proyectos). También se incluyen propuestas de reconstrucción cultural (8), soberanía alimentaria (6) y mantenimiento de casetas comunales (3).
Tecnología para cerrar brechas en el campo
Entre los proyectos seleccionados se encuentra el presentado por la Junta de Acción Comunal de la vereda Nemoga, ubicada en el sector de Siberia, en el municipio de Fúquene (Cundinamarca). Allí, la comunidad decidió apostar por una iniciativa que busca reducir la brecha digital en zonas rurales.
El proyecto contempla la dotación de computadores, impresoras, un video beam y un televisor, equipos que permitirán habilitar espacios de formación tecnológica para habitantes de la vereda.
Para Yesenia Marqués, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Nemoga, el acceso a herramientas digitales puede marcar una diferencia significativa en la vida cotidiana de las comunidades rurales.
Según explicó, uno de los objetivos centrales del proyecto es facilitar el aprendizaje de nuevas tecnologías, especialmente para los adultos mayores, quienes muchas veces enfrentan mayores dificultades para acceder al mundo digital.
“Gracias a la postulación de nuestro proyecto tendremos tres computadores, un video beam, dos impresoras y un televisor que le permitirá a la gente, sobre todo a los adultos mayores, familiarizarse con el uso de internet y conectarse con la familia que no vive cerca”, afirmó.
Este tipo de iniciativas evidencian cómo la organización comunitaria puede contribuir a cerrar brechas tecnológicas y generar espacios de aprendizaje colectivo en territorios donde el acceso a infraestructura digital sigue siendo limitado.

Reforestar para proteger el agua y la vida
Otro de los proyectos destacados se desarrolla en la vereda Alto Cuembí, en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, donde la Junta de Acción Comunal impulsa una iniciativa ambiental orientada a la recuperación de fuentes hídricas.
Durante años, parte de esta zona fue utilizada para la siembra de cultivos ilícitos, lo que provocó procesos de degradación ambiental y pérdida de cobertura vegetal. Frente a esta situación, la comunidad decidió emprender un proyecto de restauración ecológica que incluye la siembra de especies nativas como nacederos y chiparos.
La iniciativa busca no solo reforestar el territorio, sino también promover procesos de educación ambiental entre los habitantes de la vereda.
Julio Mesa Rivera, presidente de la Junta de Acción Comunal de Alto Cuembí, explicó que el proyecto contempla actividades de capacitación comunitaria sobre la importancia de proteger los humedales y nacimientos de agua.
“Vamos a realizar talleres y capacitaciones a la comunidad sobre la importancia de la conservación, la recuperación y el mantenimiento de los humedales y nacederos de agua para el equilibrio de nuestro ecosistema”, señaló.
Este tipo de acciones demuestran cómo las organizaciones comunitarias pueden convertirse en protagonistas de procesos de restauración ambiental y defensa del territorio.
Participación para construir soluciones colectivas
Uno de los aspectos más relevantes del Banco de Proyectos Comunales es el proceso participativo que acompaña la formulación de cada iniciativa. Antes de presentar un proyecto, las organizaciones deben desarrollar espacios de diálogo comunitario en los que se identifican necesidades, se priorizan soluciones y se definen metas de manera colectiva.
Durante este proceso, las comunidades también elaboran presupuestos participativos y construyen acuerdos sobre la ejecución de las iniciativas.
Este enfoque busca garantizar que los proyectos respondan realmente a las problemáticas del territorio y no a decisiones externas alejadas de la realidad local.
Además, el programa se articula con la estrategia nacional de economía popular y solidaria, que promueve el fortalecimiento de iniciativas productivas comunitarias y el impulso de empleos locales.
Convenios solidarios: comunidades que ejecutan sus propios proyectos
Un elemento clave de la estrategia es la implementación de convenios solidarios, un mecanismo mediante el cual las propias organizaciones comunitarias pueden ejecutar los proyectos aprobados.
Este modelo rompe con la lógica tradicional de contratación pública, en la que las obras y programas suelen ser ejecutados por terceros. En cambio, permite que las comunidades participen directamente en la gestión de los recursos y en la implementación de las iniciativas.
La modalidad busca aprovechar el conocimiento territorial que tienen las organizaciones de base y fortalecer sus capacidades administrativas y organizativas.
De esta manera, además de generar empleo local y dinamizar las economías regionales, los proyectos también contribuyen a consolidar procesos de autonomía comunitaria.
Democracia desde los territorios
El Banco de Proyectos Comunales se inscribe dentro de una visión más amplia del desarrollo territorial, en la que la democracia no se limita a los procesos electorales, sino que se expresa en la participación cotidiana de la ciudadanía en las decisiones públicas.
En un país marcado por profundas desigualdades regionales, fortalecer la organización comunitaria puede ser una herramienta clave para avanzar hacia modelos de desarrollo más incluyentes y sostenibles.
Los 60 proyectos que comienzan a ejecutarse en diferentes regiones del país son, en ese sentido, ejemplos concretos de cómo las comunidades pueden convertirse en protagonistas de las transformaciones de sus propios territorios.
Desde la dotación tecnológica en una vereda de Cundinamarca hasta la restauración ambiental en Putumayo, las iniciativas reflejan una diversidad de apuestas comunitarias que comparten un mismo objetivo: construir bienestar colectivo desde lo local.
En un contexto donde las comunidades enfrentan retos como la pobreza rural, el cambio climático, la brecha digital o la falta de oportunidades económicas, programas como el Banco de Proyectos Comunales buscan abrir caminos para que las soluciones nazcan desde los territorios.
Porque, como lo han demostrado históricamente las organizaciones comunales en Colombia, cuando la comunidad participa, el desarrollo deja de ser una promesa y comienza a convertirse en realidad.
Para Carlos Alberto Saad Llinás, presidente de Findeter, este tipo de iniciativas no solo fortalecen la organización comunitaria, sino que también contribuyen a dinamizar las economías locales.
Desde su perspectiva, se trata de proyectos que permiten mejorar infraestructura social, reactivar procesos productivos y fortalecer el tejido social, todo ello mediante inversión pública que llega directamente a los territorios en Colombia.
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